La protesta reunió a organizaciones, familiares, prestadores y personas con discapacidad que reclaman respuestas urgentes ante la crisis del sector.
Con una convocatoria que se replicó en distintas ciudades del país y tuvo su epicentro frente al Congreso de la Nación, este jueves se realizó una jornada federal en apoyo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca declarar la emergencia del sector hasta fines de 2027.
La iniciativa apunta a garantizar derechos fundamentales como el acceso a salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social, en un contexto que los manifestantes califican como de vaciamiento institucional y retroceso en materia de derechos.
Organizaciones, familias, prestadores y personas con discapacidad reclamaron la sanción urgente de la ley, que también incluye el fortalecimiento del sistema de prestaciones, incentivos para el cumplimiento del cupo laboral y el reconocimiento de los prestadores básicos que hoy enfrentan serias dificultades para sostener su trabajo por falta de pagos y desactualización de aranceles.
“La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está siendo desjerarquizada y vaciada”, denunciaron desde las organizaciones convocantes, que también señalaron la falta de políticas públicas activas, el reemplazo de derechos por asistencialismo, y las trabas burocráticas para acceder a pensiones no contributivas y tratamientos esenciales.
La protesta fue acompañada por un paro y movilización, con actividades culturales y actos públicos en todo el país. Además de visibilizar la situación, los manifestantes exigieron la restitución de derechos adquiridos y el cese de las normativas regresivas que afectan directamente a uno de los sectores más vulnerables.
“Estamos en emergencia. Sin pagos, sin medicamentos, con auditorías que ponen obstáculos y con un Estado que mira para otro lado”, expresaron los autoconvocados bajo el lema #DiscapacidadEnEmergencia.